Antología de los constantes atropellos a los pueblos originarios de El Salvador
Los pueblos originarios del territorio salvadoreño han denunciado en más de una ocasión la exclusión y vulneración a sus derechos, primero por parte de los españoles , luego a manos de los terratenientes quienes terminaron de despojarles de la tierra que cultivaban para su sustento y actualmente los atentados contra sus sitios sagrados cometidos por el brazo del capitalismo.
Muestra de lo anterior, es la expropiación de sus tierras en 1881 de forma cuestionable con la Ley de extinción de Comunidades, donde se alegaba que la existencia de las tierras comunales y ejidales impedía «el desarrollo de la agricultura» y «la circulación de la riqueza «, asimismo, alegaba que debilitaban «los lazos familiares y la independencia del individuo».
Durante siglos la población indígena ha sido marginada e invisibilizada, aún cuando El Salvador es un país firmante de múltiples tratados internacionales en materia de pueblos indígenas, entre ellos: el convenio 169 de la OIT sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y y el Convenio 107 de la OIT relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semi Tribales en los Países Independientes .
Incluso, durante el gobierno del General Maximiliano Hernández, el ejecutor de al menos 15,000 indígenas en 1932, El salvador ratificó la Convención Internacional Relativa a los Congresos Indigenistas Interaméricanos (Convención de Patzcuaro), lo que le llevó a crear el Instituto Indigenista Nacional, una institución que nada hizo por la comunidad indígena salvadoreña.
Es durante este período que el indio se esfuma en la estadísticas . Desaparece el Instituto de Indígenas de Nahuizalco y oficialmente no se realiza ninguna política de promoción social dirigida especialmente a los grupos indígenas.
Anteproyecto de Ley de Derechos de Pueblos Indigenas, Citando a Marroquín, 1975
Durante los años del conflicto armado los pueblos indígenas siguieron siendo una población vulnerable, cuando el enfrentamiento entre la guerrilla y el estado salvadoreño concluyó con Los Acuerdos de Paz, los miembros de los pueblos autóctonos de El Salvador fueron invisivilizados una vez más y no se reconoció su existencia hasta 2014 con la reforma del artículo 63 de la Constitución Política.
“El Salvador reconoce a los Pueblos Indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”.
Reforma constitucional al artículo 63 , año 2014
Los principales problemas a los que se afrontan los pueblos originarios desde hace siglos son: la perdida de la identidad cultural y las tradiciones, discriminación, falta de acceso a la tierra, ausencia de espacio político y falta de un marco único que fortalezca los derechos de los pueblos indígenas, esto según el Informe Situacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en El Salvador, realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH).
El Estado salvadoreño mantiene una enorme deuda con la comunidad indígena nacional, si bien, se han hecho algunos avances como la creación de la Ley de Cultura y la ejecución de algunas Política Públicas, aún se carece de una ley de Derechos de Pueblos indígenas, pese que en 2017 diferentes organizaciones en conjunto presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de dicha Ley.
Por otra parte, existiendo hoy cierto marco normativo y jurídico respecto a los pueblos indígenas se siguen cometiendo atropellos a su cultura ancestral. por ejemplo, El pasado 15 de enero en Nahuilingo, Sonsonate, la industria cañera destruía 4 estructuras del templo ceremonial Tacushcalco, los movimientos sociales no tardarían en pronunciarse.
«En el marco de la conmemoración de los 88 años del genocidio de nuestros abuelos, se sigue atentando contra la vida y la cultura de nuestros pueblos indígenas, es una actitud racista, es un crimen cultural que se ha cometido, por lo tanto, nosotros denunciamos esa actitud, ese hecho criminal que la empresa cañera ha cometido», expresó el Tata Nicolás Sánchez, miembro del Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco.
Sánchez, también agregó que se ha dificultado el proceso de entendimiento para la creación de la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas. «Nos habían informado que una comisión de diputados iba a llegar el día lunes (20 de enero) a la sede Departamental de la Asamblea Legislativa en Sonsonate, pero no llegaron, nos informaron que a última hora la suspendieron», dijo Sánchez.
La aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas aún parece distante, pero de no realizarse se sumaría a la larga lista de injusticias cometidas hacia los pueblos originarios.
