Leyes que nacen para una lengua que muere

justicia

Las leyes son normas jurídicas establecidas por autoridades competentes que establecen mandatos y prohibiciones. La mayor norma jurídica del país es la Constitución de la República y de ésta se desprenden otras leyes.

Frente al riesgo de perder nuestra lengua ancestral, el estado salvadoreño ha constituido un cuerpo legal que busca proteger, conservar y difundir la lengua materna.

A continuación algunas normativas de nuestro país que amparan la conservación del náhuat.

El Artículo 62 de la Constitución de la República reza de la siguiente manera: Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán objeto de preservación, difusión y respeto.»

Además, en el año 2014, la Asamblea Legislativa hizo una reforma al Artículo 63 de la Constitución de la República, donde se establece lo siguiente: “El Salvador reconoce a los Pueblos Indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad.”

Por otra parte, la Ley de Cultura, Sección segunda, Definiciones, Derechos y Garantías, en su Artículo 9 dice que:“El castellano es la lengua oficial de El Salvador y constituye parte de los bienes constitutivos del patrimonio cultural, al que pertenecen igualmente las lenguas de los pueblos indígenas, ya sean vivas o en proceso de rescate. El Estado está obligado a promover y conservar en todo el territorio el rescate, la enseñanza y el respeto de las lenguas ancestrales.”

Por otra parte, podemos mencionar las siguientes normativas que se sustentan en las leyes anteriores:

  • Política Pública Para Los Pueblos Indígenas publicada en el 2017.
  • Política Nacional de salud de los pueblos indígenas, publicada en el 2018.
  • Plan de Acción Nacional de Los Pueblos Indígenas (Plan PIES), publicado en el 2018.
  • Medidas Protección y Salvaguardia para la conservación del bien cultural, de la lengua náhuat publicadas en el Diario Oficial el 5 de septiembre de 2017. Estas medidas delegan a cada institución del Estado una responsabilidad para la salvaguardia y preservación de la misma.

Pese al cuerpo de leyes que sustenta la protección del bien intangible que constituye el náhuat, siguen siendo leyes que han quedado en el papel y su ejecución ha sido mínima ante la inminente desaparición de una lengua que permanece gracias a menos de 200 náhuahablantes.

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